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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la “ley lucio” y envió al Senado el proyecto de ley que establece una capacitación obligatoria para funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra la niñez y la adolescencia.
La iniciativa fue impulsada por legisladores de distintos espacios tras el asesinato a golpes el 26 de noviembre último del niño Lucio Dupuy en Santa Rosa, La Pampa, hecho por el cual fueron detenidas su madre y la novia de la mujer, un caso por el que esta semana comienza el juicio.
José Luis Espert, el único diputado que votó en contra aclaró que “traer una vida al mundo y no hacerse cargo, es impropio de alguien que se considera ser humano”. No obstante, aclaró que los diputados no están “para impartir justicia, sino para legislar”.
El caso de Dupuy conmovió a la provincia de La Pampa. El chico fue asesinado por su madre Madgalena Espósito, y la novia de ella, Abigail Páez, en noviembre del año pasado. En la noche de la tragedia, las mujeres llevaron al niño al Hospital Evita sin signos vitales, y con muchas heridas por golpes. Las acusadas dijeron que habían sufrido un robo y que los delincuentes habían agredido al chico.
“En el caso de Lucio se vulneraron todos sus derechos. Todos hicieron la vista para el costado. Al año y tres meses que se lo llevaron, me lo trajeron muerto y todo por una inoperancia de una jueza que revocó la tenencia de mi familia”, sostuvo Ramón Dupuy, abuelo del niño.
El proyecto establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En este sentido el Poder Ejecutivo Nacional, en coordinación con el Poder Judicial, elaborará un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia.
El objetivo del protocolo es unificar los criterios de actuación a nivel nacional y la coordinación de los entes provinciales y estatales de actuación, así como la igualdad del acceso del niño, niña y adolescente a la Justicia.
Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
También busca promover los espacios y metodologías necesarias para garantizar el derecho a ser oídos de las niñas niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales.
En este marco se deberá propiciar el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.
La autoridad de aplicación de la ley será la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf).
