Un foco de conflicto gremial que continua por la impunidad de del juez Bostal y el presidente del consorcio del puerto, Federico Susbielles. La toma de la posta es llevada adelante por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA). El Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), que nació con ocho pymes adheridas y hoy ya cuenta con 123, denunció penalmente al gremio por extorsión y bloquear las terminales portuarias.
Florencia Arietto, abogada penalista y asesora legal del MEAB, es una de las impulsoras de la denuncia. Ella, además, estuvo detrás de la denuncia que derivó en la detención de dos camioneros acusados de extorsión por bloquear las actividades de una distribuidora de alimentos de San Pedro.
Arietto denunció que “Marcelo Osores, secretario general del SUPA de Bahía Blanca, no es solamente quien tiene bajo extorsión a todas las empresas que operan en el puerto, sino que también tiene una silla en el consorcio en el puerto de Bahía Blanca. Nadie analiza la legalidad de esa situación. Después nos quejamos de los sobrecostos”
Dijo después que “hay que pagarle un peaje al SUPA, el que no lo hace no trabaja” y mencionó el caso de la empresa Energen, que es una pyme de combustible que ganó una licitación, y que “durante cuatro meses fue sistemáticamente bloqueada y extorsionada hasta que pidió ayuda al Movimiento Empresarial Antibloqueo y nosotros tomamos el caso”. Hoy el caso vuelve a ser noticia, la justicia en lo comercial ordenó que se devuelva la posta y se permita trabajar a Energen, mientras que el juez Bostal, no acata ordenes de sus superiores y está en rebelde.
