Catamarca vive una grave crisis de corrupción y abuso de poder. El gobernador Raúl Jalil y su círculo íntimo están involucrados en una serie de irregularidades que han sido denunciadas por diversos sectores de la sociedad, pero que los medios de comunicación locales se han negado a abordar con profundidad por miedo a perder la pauta oficial.
El último episodio de este escándalo se produjo el pasado 2 de octubre, cuando un grupo de efectivos policiales al mando del subcomisario Marcelo González irrumpió en el Consejo Deliberante de Los Altos, un pueblo del departamento Santa Rosa de Catamarca. Los agentes desalojaron a los concejales y destruyeron los registros de la sesión en la que se debatía una investigación sobre la presunta corrupción del exintendente de la localidad, Juan José Romero, un socio del gobernador Jalil.
“La corrupción en Catamarca es un problema endémico”, dijo un activista social que también prefirió no ser identificado. “El gobernador Jalil y su círculo íntimo se han apoderado del Estado para enriquecerse a costa de los catamarqueños”.
Romero fue intendente de Los Altos entre 2015 y 2019. Durante su gestión, se realizaron una serie de obras públicas que fueron adjudicadas a empresas vinculadas al gobernador Jalil. Según las denuncias, Romero se habría apropiado de los fondos de estas obras para comprar campos en la zona.
El asalto al Consejo Deliberante de Los Altos es una muestra más de la impunidad con la que actúan el gobernador Jalil y sus aliados. La justicia, la policía y los medios de comunicación están a su servicio, y cualquier intento de investigarlos es reprimido con violencia.
