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En Jujuy, la policía reprime con éxito una protesta agitada por movimientos de la izquierda

La reforma de la Constitución en la provincia de Jujuy generó una ola de protestas este fin de semana. Fueron encabezadas por “comunidades originarias”, gremios y grupos políticos que rechazaron el contenido como el tratamiento brindado por los convencionales constituyentes jujeños.

La aprobación del nuevo texto, impulsado por el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, se dio en la madrugada del viernes 16 de junio, luego de una semana de tratamiento en comisiones. En ese periodo, cuestionado por su brevedad, se abordaron puntos críticos para la vida institucional de la provincia como la regulación del derecho a la protesta, la propiedad de las tierras de las comunidades originarias, nuevos mecanismos para la selección de jueces y la modificación de los organismos de control.

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Esto despertó una ola de protestas que se materializaron en manifestaciones y cortes de ruta en distintos puntos de la provincia. El más resonante ocurrió en la ruta 9, en el ingreso a la localidad de Purmamarca, en donde los manifestantes resistieron al intento de las fuerzas de seguridad para liberar el paso vehicular y se produjeron serios incidentes.

En la tarde del domingo permanecían detenidas 21 personas (13 varones y ocho mujeres), entre ellos docentes, “políticos” y dirigentes sociales, y varias de ellas se entrevistaron con sus abogados que verificaron su situación y conocieron las causas de imputación por el delito establecido en el Código Penal.

Los detenidos en su mayoría fueron trasladados hasta la unidad penal ubicada en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña.

Entre los detenidos, Natalia Morales, referente del PTS-Frente de Izquierda, quien luego fue liberada. También fue detenido Luciano Aguilar, editor de La Izquierda Diario, que cubría la protesta.

El gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, defendió la prohibición de realizar cortes de rutas y calles, contemplados en el texto constitucional y consideró que la implementación de esa prerrogativa debería ser discutida “a nivel nacional” dado que, sostuvo, la interrupción del tránsito “es un delito” tipificado en el Código Penal.

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Durante la noche del sábado, una máquina retroexcavadora avanzó sobre el asfalto con el propósito de despejar el camino de las piedras arrojadas durante la protesta.

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