Todas las facultades y universidades de Texas financiadas por el Estado tendrán que cerrar sus oficinas de diversidad, equidad e inclusión en virtud de una medida promulgada por el Gobernador de Texas, Greg Abbott.
La ley se da en un momento en que se espera que el Tribunal Supremo estadounidense prohiba a finales de mes que las universidades tengan en cuenta la raza como factor en sus decisiones de admisión.
Según la nueva norma, firmada por Abbott el miércoles, cualquier universidad pública que no certifique que cumple la medida no podrá gastar los fondos estatales que se le asignen. Además, obliga a los funcionarios estatales a realizar cada dos años, hasta 2029, estudios para medir su impacto en los estudiantes desglosados por raza.
Con la ley, se analizarán las tasas de solicitud, aceptación, matriculación, permanencia y graduación, junto con los promedios de calificaciones.
Esta medida llega en un momento en que los críticos tachan los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión, de divisivos o antiblancos, mientras que sus defensores afirman que pueden ayudar a personas de distintos orígenes a aprender a trabajar juntas.
“Texas está a la cabeza del país y garantiza que nuestros campus vuelvan a centrarse en la fuerza de la diversidad y promuevan un enfoque basado en el mérito, en el que las personas sean juzgadas por sus cualificaciones, habilidades y contribuciones”, dijo el senador estatal republicano Brandon Creighton, uno de los autores del proyecto de ley.
