El Gobierno se encuentra acorralado por las limitaciones legales para la aprobación de otro polémico borrador para el Presupuesto de 2023. A diferencia de lo que ocurrió en el año 2021, esta vez el oficialismo no podrá valerse de un DNU para prorrogar el presupuesto anterior y realizar modificaciones a discreción sobre las partidas, ya que esta opción no está permitida para dos años consecutivos.
El proyecto del Gobierno carece de fundamentos serios, y sus proyecciones de crecimiento e inflación son ampliamente deslegitimadas, del mismo modo en que fracasaron sistemáticamente en el Presupuesto de 2020 y en el borrador presentado para el de 2021.
La inflación proyectada en torno al 60% interanual para diciembre de 2023, el dólar oficial a una cotización de 269 pesos para el mismo período, o incluso la meta de crecimiento en 2% contra 2022, no son parámetros realistas si se los compara con el promedio de las estimaciones de mercado.
Ante la posibilidad de una confrontación legislativa contra los bloques de oposición, el ministro Sergio Massa amenaza con producir un shutdown sobre la administración pública, una práctica común en la hacienda de los Estados Unidos.
Si se produjera una situación de ésta índole, los Ministerios y los más altos funcionarios de la columna vertebral del Estado cesarían su funcionamiento. También se verían frenadas las transacciones del Tesoro y la compra de bienes y/o servicios por parte del sector público. En Estados Unidos, incluso, muchas de las transferencias por seguridad social también quedan bloqueadas, que en Argentina serían los planes sociales y las jubilaciones.
Esta estrategia consiste en cerrar la administración por tiempo indefinido, como una herramienta para amenazar a los bloques opositores y obligarlos a respaldar un proyecto por la fuerza para evitar la llamada en Norteamérica como “opción nuclear“.
El presidente estadounidense Bill Clinton aplicó una medida similar para la aprobación del Presupuesto de 1995, tras una férrea y tumultuosa negociación con la mayoría legislativa del Partido Republicano.
Por la decisión de Clinton, Estados Unidos debió afrontar un costo equivalente a los 1.400 millones, pero en un país extremadamente inestable como lo es Argentina, la consecuencias podrían ser incluso mayores en términos de volatilidad financiera, cambiaria e inflacionaria.
El borrador presupuestario buscaría llevar el déficit primario del Gobierno nacional al 1,9% del PBI en 2023, siguiendo así el cronograma de metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero aún cumpliendo exitosamente los ajustes y las metas, estas no garantizan un ancla para la inflación y la erradicación de la “dominancia fiscal” sobre la política monetaria.
Con información de laderechadiario
