Apenas 24 horas después del fallo de la Corte Suprema que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires al obligar a la Nación a otorgar un monto equivalente al 2,95% de los fondos coparticipables a la administración porteña, Alberto Fernández se abroqueló junto con 14 gobernadores del PJ para tomar una definición del alto voltaje político: no acatar la definición judicial e impedir el drenaje de fondos de Nación a la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
El fallo de la Corte Suprema que restituye coparticipación a favor de la Ciudad de Buenos Aires tendrá un impacto fiscal de entre 0,12 y 0,13 por ciento del PBI, lo que obligará al Gobierno a reasignar partidas presupuestarias (o conseguir recursos adicionales) para cumplir con la meta de déficit primario de 1,9% en un año electoral y con un ajuste ya en marcha.
Por medio de un comunicado firmado por 14 gobernadores y Alberto Fernández se definió la idea de no poner en práctica el fallo judicial entendiendo que “el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada”. Las mayúsculas son del mismo comunicado.
En la práctica, la medida implicará por un lado el eventual retaceo de giro de fondos que ordenó la Corte al Gobierno para darle a la Ciudad. Pero también incluye una presentación judicial para recusar a los ministros de la Corte Suprema en una acción inédita y avanzar con una depuración directa del máximo tribunal judicial.
El comunicado firmado por el Presidente y los 14 mandatarios dice que la Corte “de manera insólita” decidió “transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas”. Esto lo califica como “completamente falso” ya que evalúa, esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación.
Por último, el comunicado del Gobierno contra la Corte reveló que los gobernadores de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha media cautelar y para que soliciten la revocación “in extremis” de la misma.
Esta decisión pone en riesgo la independencia de poderes y sentaría un antecedente jurídico de rebelión política ante la Corte Suprema. En la oposición plantean que también una rebelión de este calibre podría ahuyentar a los inversores extranjeros por no respetar la seguridad jurídica.
“Se están alzando contra la Constitución. Son sediciosos”, acusó el diputado radical Mario Negri en relación a la decesión del Gobierno de enfrentar a la Corte.
La audaz definición del oficialismo se tomó luego de un encuentro en la Casa Rosada de Alberto Fernández, buena parte de su gabinete y 14 mandatarios peronistas liderados por el bonaerense Axel Kicillof, a quien más afecta el fallo de la Corte porque buena parte de los fondos coparticipables que se deben reasignar a la Ciudad provienen de Buenos Aires.
//ElCronista
